Autoridades locales francesas pretenden querellarse contra el gobierno español por su apabullante responsabilidad en el desastre

Sami Naïr.
Rebelión. 24-11-2003.

La catástrofe ecológica producida por el Prestige sigue causando estragos. El Gobierno español está sentado en el banquillo de los acusados. Corre el riesgo de que le emplacen ante la justicia francesa. Philippe de Villiers, diputado francés, presidente del Consejo General de Vendée (departamento víctima de la marea negra), parece decidido a querellarse contra el Estado español. Motivo: la apabullante responsabilidad del Gobierno de Madrid en este desastre.

De Villiers se basa en las conclusiones del informe recientemente presentado a las autoridades francesas por Jean-Louis Guibert, experto marítimo designado por la justicia para aclarar las responsabilidades. Según este experto, la responsabilidad de la ruptura del buque no recaería sobre las compañías aseguradoras, ni sobre el capitán y todavía menos sobre la tripulación del Prestige. Unos y otros habrían hecho su trabajo correctamente. En cambio, el Gobierno español sí sería el principal responsable de este drama ecológico.

EL EXPERTO mantiene: que 24 horas después de iniciarse la avería, el 13 de noviembre, Madrid denegó el acceso al barco a los cinco especialistas de salvamento enviados por la sociedad de remolque marítimo SMIC. A este equipo no sólo se le impidió que realizara su trabajo, sino que además el buque no fue puesto en abrigo para efectuar el transbordo de la carga de petróleo. Y que las autoridades españolas no sólo "jamás consideraron poner en abrigo al Prestige", sino que hicieron todo lo posible para remolcar el buque y alejarlo de las costas españolas, intentando empujarlo primero hacia Francia, que se negó a acogerlo, y luego hacia Portugal. El remolque, en unas condiciones meteorológicas muy duras, pretendía endosar al vecino el barco envenenado "siguiendo --escribe el experto-- rutas que expusieron su flanco de estribor, reventado, a la plena fuerza del mar, lo que condujo a la ruina progresiva del buque y a la ruptura de su casco".

Dicho de otro modo, el Gobierno de Madrid incumplió sus obligaciones, intentando a toda costa internacionalizar la catástrofe. El fiscal de Brest desea reunirse lo antes posible con los jueces españoles encargados del sumario. La explicación promete ser dura. En todo caso, es urgente, pues las asociaciones ecologistas francesas, al igual que las autoridades regionales, no tienen intención alguna de que este sumario duerma en los archivos. Las elecciones cantonales y regionales están próximas, y el Prestige aún sigue vomitando su veneno sobre las costas francesas.

Es muy probable que este asunto acabe salpicando al Gobierno de Madrid, puesto que incluso se ha apelado a las autoridades europeas. Naturalmente, en un primer momento habrá que someter el informe francés a un dictamen experto. Éste llevará su tiempo. Pero los especialistas franceses confían en la justicia española y en los expertos independientes. Por otra parte, en Bruselas se sigue de cerca el asunto.

Más allá del comportamiento del Gobierno español, este asunto es revelador del estado de anarquía del derecho marítimo. La Unión Europea todavía no ha sido capaz de instaurar un código de conducta en la materia; el liberalismo cruel que demasiado a menudo guía sus decisiones, considera a regañadientes toda limitación a su política de competencia. Desde hace 10 años, los desastres ecológicos se acumulan; los gobiernos se muestran impotentes ante el desencadenamiento de los perversos efectos de la "libre circulación de bienes y mercancías".

EL FIPOL, sistema europeo de indemnizaciones a las víctimas de mareas negras, es muy insuficiente, ineficaz y, a menudo, injusto. Sus plazos de investigación son muy largos y sus procedimientos, ultraburocráticos. En Francia, la región de Vendée ha gastado más de tres millones de euros en la lucha contra los efectos de esa marea negra. Ahora bien, el FIPOL no reembolsa nada. Así pues, ¡su principio es hacer pagar a los contaminados y no a los contaminadores! Curiosa manera de hacer prevalecer el interés general europeo... Europa sufre ya un déficit democrático; acabará perdiendo toda credibilidad.

Frente a esta situación, el acuerdo de Málaga entre los gobiernos francés y español para alejar los buques que transportan residuos tóxicos a 200 millas náuticas de las costas atlánticas es una buena respuesta intergubernamental, pero insuficiente. Ha llegado el momento de que la cooperación entre Francia y España sea seriamente restablecida; hay que comprender que la solidaridad entre los dos países está dictada por consideraciones objetivas, relacionadas tanto con la geografía como con los intereses comunes. Desgraciadamente, la forma en que se ha llevado el asunto del Prestige demuestra la estrechez de miras de ciertos responsables políticos, por no decir su irresponsabilidad.

* Sami Naïr es eurodiputado francés, electo de una coalición 'socialista' por su adscripción al grupo "Mouvement Républicain et Citoyen" cuyo portavoz destacado es Chevenement. Actualmente es miembro del grupo Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica.

[Traducción de Xavier Nerín]